Los representantes de los Estados miembros de la UE acordaron el 23 de junio en Bruselas simplificar los requisitos de los informes de sostenibilidad y los deberes de diligencia. El objetivo de la propuesta es simplificar las directivas sobre informes de sostenibilidad corporativa (CSRD) y deberes de diligencia (CSDDD), reduciendo las obligaciones de reporte y limitando el llamado “efecto en cascada” en las pequeñas empresas.
La propuesta es parte del paquete "Omnibus I", que la Comisión presentó el 26 de febrero de 2025 para simplificar la legislación de la UE en el ámbito de la sostenibilidad. Debido a los efectos de gran alcance en el mundo empresarial, esta propuesta fue tratada con prioridad por el Consejo para garantizar certeza legal para las empresas de la UE en cuanto a informes de sostenibilidad y deberes de diligencia.
Cambios previstos en la CSRD (Directiva de Información sobre la Sostenibilidad Corporativa)
- El umbral de empleados se eleva a 1.000 empleados.
- Las pymes cotizadas se excluyen del ámbito de aplicación.
- Además, el Consejo introduce un umbral
- de facturación de más de 450 millones de euros para limitar aún más la obligación de informar.
- Se introduce una cláusula de revisión que permite una expansión posterior del ámbito de aplicación para garantizar la disponibilidad de la información relevante sobre sostenibilidad.
Cambios previstos en la CSDDD (Directiva de Diligencia Debida de la Sostenibilidad Corporativa)
Ámbito de aplicación
- El umbral de empleados se eleva a 5.000 empleados,
- el umbral de facturación se eleva a 1.500 millones de euros.
- El Consejo destaca que las grandes empresas tienen el mayor impacto en su cadena de valor y poseen la capacidad para implementar los deberes de diligencia.
Identificación y evaluación de impactos negativos
- Las propuestas de la Comisión limitan los deberes de diligencia a la propia empresa, las filiales y los socios comerciales directos (Tier 1).
- El Consejo cambia a un enfoque basado en el riesgo, en el cual las empresas solo deben actuar cuando es probable que haya daños reales o potenciales.
- No se requiere más una cartografía exhaustiva, sino un análisis de riesgo
- general.
- Las obligaciones permanecen limitadas a los socios de "Tier 1", excepto cuando hay pruebas objetivas demostrables de riesgos con otros socios.
- Se introduce una cláusula de revisión para la posible expansión más allá de Tier 1.
Protección del clima
- Las normas sobre planes de transición para mitigar el cambio climático se armonizan con la CSRD.
- La obligación de implementación se reemplaza por una claridad que indica que el plan de transición describe medidas concretas (planificadas y ejecutadas).
- Las empresas solo deben adoptar un plan de transición para mitigar el cambio climático.
- Las autoridades supervisoras tienen la facultad de asesorar a las empresas en la elaboración de estos planes.
- La obligación de adoptar el plan de transición se pospone dos años.
Responsabilidad civil
- La Comisión propone eliminar el marco de responsabilidad armonizado de la UE y renunciar a la obligación de que las disposiciones de responsabilidad nacional se apliquen obligatoriamente en casos transfronterizos.
- El Consejo apoya esta propuesta y la adopta sin cambios.
Plazo de implementación
- La fecha de implementación para la
- CSDDD se pospone un año hasta el 26 de julio de 2028.
La presidencia del Consejo puede entrar en negociaciones con el Parlamento Europeo tan pronto como este haya decidido su propia posición, con el objetivo de llegar a un acuerdo sobre este expediente.
Heike Drillisch de la Iniciativa Ley de Cadenas de Suministro criticó los planes en una declaración el 24 de junio. Se refirió a la posición del Consejo de la UE sobre la directiva de la cadena de suministro:
“Si fuera por las ideas del Consejo de la UE, en Alemania más del 90 por ciento de las empresas actualmente cubiertas quedarían exentas de toda responsabilidad legal. Justificar esta acción como una ‘simplificación’ de las normas es simplemente cínico. Se corre el riesgo de un gran retroceso para la gestión empresarial responsable y la protección de los derechos humanos y el medio ambiente en las cadenas de suministro globales.”
La alianza instó al Parlamento Europeo a “asumir responsabilidad en el proceso de trílogo y garantizar una legislación ambiciosa y