Los expertos legales de Arag señalan un caso que llegó ante el Tribunal Superior Regional (OLG) de Hamm: El acusado dio una patada a un sistema móvil de medición de velocidad el Viernes Santo de 2023 y derribó intencionadamente la cámara lateral y frontal.
Las mediciones en curso estuvieron interrumpidas durante aproximadamente una hora, sin embargo, el sistema en sí no sufrió daños. El acusado fue inicialmente condenado por el tribunal de primera instancia a una multa de 3.200 euros. En el procedimiento de apelación, el Tribunal Regional de Paderborn redujo la multa a 1.600 euros.
Decisión legal actual
El Tribunal Superior Regional de Hamm desestimó como infundado su recurso contra el fallo en una decisión reciente, por lo que la condena es definitiva.
Quien derriba un sistema de medición de velocidad para evitar mediciones comete un delito, incluso si el dispositivo permanece completamente intacto, según la decisión actual del OLG.
Instalación de seguridad pública
El foco de discusión fue si un sistema de medición puede ser considerado inutilizable desde el punto de vista penal si no resulta dañado. Tanto el tribunal de primera instancia como el tribunal regional y el Tribunal
Superior Regional de Hamm determinaron que el acusado intencionadamente dejó fuera de servicio un sistema que sirve a la seguridad pública, incluyéndose en esta categoría un dispositivo de medición de velocidad.
Los jueces se refirieron al § 316b del Código Penal. Era irrelevante que la tecnología no sufriera daños, ya que al derribar intencionadamente las cámaras, se había impedido la operación de medición.
En la comunicación del OLG se cita el párrafo del Código Penal (§ 316b Abs. 1 Nr. 3 StGB) de la siguiente manera: “Quien impida o interfiera en la operación de una instalación
o sistema que sirve al orden o seguridad pública destruyendo, dañando, eliminando, modificando o inutilizando el objeto que sirve a su operación, o extrayendo la energía eléctrica destinada a la operación, será castigado con una pena de prisión de hasta cinco años o con multa.”
El Tribunal Superior Regional sigue así decisiones anteriores. Por lo tanto, quien manipula o deja fuera de servicio un sistema de medición comete un delito.
Esto se aplica además de a la destrucción o daño, a las intervenciones intencionadas que paralizan su operación, según el fallo. (Az.: 4 ORs 25/25 OLG).
